Durante años, los Consejos de Administración concentraron gran parte de sus discusiones en el crecimiento, la estrategia, las finanzas y la expansión de los negocios. Sin embargo, el entorno regulatorio mexicano ha cambiado de manera significativa en los últimos años y hoy exige que los órganos de gobierno incorporen una nueva variable a la toma de decisiones: el riesgo regulatorio.
Ese fue el punto de partida del 64° Consejo Digital de Leaders Digital Board, titulado Ceguera Legislativa: Cambios regulatorios que ya afectan al negocio y siguen fuera del radar del Consejo de Administración. La conversación reunió a especialistas en materia laboral, seguridad social, propiedad intelectual y comercio exterior para analizar cómo las reformas recientes están modificando la forma en que las empresas operan y cómo estos cambios deben formar parte de la agenda estratégica de cualquier Consejo.
Como señaló Alonso Castellot, moderador de la sesión:
“Los cambios al marco legal que nos afectan a todas las empresas… en muchos consejos de administración no los estamos tomando en cuenta para las decisiones estratégicas.”
Más allá del análisis jurídico, la sesión dejó una reflexión de fondo: el cumplimiento ya no es únicamente una responsabilidad del área legal. Es un tema de gobierno corporativo.
La regulación ya forma parte de la estrategia empresarial
Una de las conclusiones más relevantes fue que muchas empresas continúan tomando decisiones bajo supuestos regulatorios que ya no existen. En varios casos, los cambios legales de los últimos años han transformado por completo las reglas del juego, mientras que los Consejos siguen operando con marcos de referencia anteriores.
Esta desconexión puede traducirse en mayores costos, contingencias legales, interrupciones operativas o incluso investigaciones por parte de las autoridades.
El mensaje fue claro: los cambios regulatorios ya no pueden analizarse únicamente cuando aparece una auditoría o una controversia. Deben formar parte de la conversación permanente entre la alta dirección y el Consejo.
El nuevo entorno laboral exige una planeación distinta
Uno de los primeros temas abordados fue la transformación del marco laboral mexicano.
Las reformas recientes han incrementado de forma importante los costos laborales y han introducido nuevas obligaciones para las empresas. La reducción gradual de la jornada laboral, los incrementos al salario mínimo, los cambios en materia de subcontratación y la creciente fiscalización coordinada entre distintas autoridades obligan a replantear la planeación operativa de las organizaciones.
Fernando Illanes, socio de Illanes Ramos, insistió en que el mayor error sería esperar a que las reformas entren plenamente en vigor.
“Lo más importante es que esta evaluación la hagamos desde este momento para poder entender la magnitud de los impactos y de ahí tomar decisiones.”
Su recomendación fue contundente: las empresas deben comenzar ahora mismo a evaluar procesos, productividad, tecnología y estructuras organizacionales para anticipar el impacto que estos cambios tendrán en los próximos años.
Seguridad social: el cumplimiento ya es digital
Alicia Abúndez en materia de seguridad social, la conversación mostró cómo el IMSS y otras autoridades han fortalecido significativamente sus capacidades de supervisión.
La digitalización de trámites, la implementación obligatoria del buzón electrónico y el intercambio de información entre instituciones han reducido los espacios para errores administrativos e incrementado la velocidad con la que pueden detectarse incumplimientos.
El cumplimiento ya no consiste únicamente en presentar información. También implica mantener procesos internos capaces de responder oportunamente a los nuevos mecanismos de fiscalización.
Los activos intangibles también requieren supervisión del Consejo
Otro de los mensajes relevantes estuvo relacionado con la propiedad intelectual.
Las reformas recientes no solo modificaron diversos procedimientos administrativos. También incorporaron nuevos conceptos relacionados con inteligencia artificial, protección de contenidos digitales, derechos sobre imagen y voz, así como mayores obligaciones para mantener vigentes los registros de marcas.
Para Shadia Ponce, coordinadora del Comité de Propiedad Intelectual de ANADE y socia fundadora de Ponce Curi, el primer paso para las empresas es conocer realmente qué están protegiendo.
“La tarea que yo les dejaría es hacer una auditoría en materia de propiedad intelectual en sus empresas.”
La recomendación fue revisar periódicamente los activos intangibles y verificar que los procesos de innovación, marketing y comunicación continúen alineados con el marco regulatorio vigente. En un entorno donde la tecnología evoluciona rápidamente, la propiedad intelectual deja de ser un asunto exclusivamente legal para convertirse en un activo estratégico.
La trazabilidad ya es parte del gobierno corporativo
Uno de los temas que más interés despertó fue el relacionado con comercio exterior y fiscalización integral.
Hoy, las autoridades ya no revisan únicamente declaraciones fiscales o documentos aislados. Buscan reconstruir la historia completa de una operación: quién tomó la decisión, quién autorizó la compra, cómo se transportó la mercancía, quién resultó beneficiado y si toda la información es consistente entre sí.
Conceptos como beneficiario controlador, razón de negocio, materialidad y trazabilidad dejaron de ser términos especializados para convertirse en elementos que pueden afectar directamente la continuidad operativa de una empresa.
Pedro Canabal, socio de Legal y Comercio Exterior de Baker Tilly, resumió el nuevo paradigma con una frase que marcó la conversación:
“El riesgo fiscal hoy ya no solamente está en pagar o no pagar impuestos; está en poder demostrar quién decide, por qué se decide, cómo se ejecuta la operación, dónde está la mercancía y quién se benefició de ella.”
Para los Consejos, esto significa que supervisar riesgos también implica comprender cómo funcionan los mecanismos internos de control y qué tan preparada está la organización para responder ante una revisión de la autoridad.
Del cumplimiento al gobierno corporativo
Quizá la mayor enseñanza de la sesión fue que el cumplimiento normativo ya no puede verse únicamente como una obligación administrativa.
Cada reforma analizada mostró un patrón común: las autoridades esperan organizaciones con mayores controles, mejor documentación y procesos capaces de demostrar que las decisiones fueron tomadas de manera responsable.
Esto modifica también el papel del Consejo de Administración.
Los consejeros ya no solo deben revisar indicadores financieros o aprobar planes de crecimiento. También necesitan comprender los riesgos regulatorios que pueden comprometer la operación, la reputación y la sostenibilidad de la empresa.
La conversación continúa
La primera parte de Ceguera Legislativa dejó claro que el entorno regulatorio mexicano seguirá evolucionando y que las empresas deberán adaptarse con mayor rapidez.
Como adelantó Alonso Castellot al abrir la sesión, la segunda parte abordará tres temas que hoy ocupan un lugar prioritario en la agenda empresarial: la evolución del amparo en materia fiscal, la prevención de lavado de dinero y la responsabilidad penal corporativa. Sobre este último tema, hizo una reflexión que resume el propósito de la siguiente conversación:
“La responsabilidad penal corporativa es algo que nos compete absolutamente a todos los consejeros y, sobre todo, a los independientes.”
Porque, en un entorno donde las reglas cambian constantemente, la mejor decisión que puede tomar un Consejo no es reaccionar cuando surge un problema, sino mantenerse informado y anticiparse a los riesgos antes de que se conviertan en una contingencia.
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